El RENATEA existe desde el año 2012 como un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, y tiene por objetivo, el registro de los trabajadores y empleadores rurales de todo el territorio argentino. En ese sentido, es una herramienta fundamental del Estado para regularizar, controlar el empleo rural, combatir la informalidad, el trabajo infantil, trata laboral, y las condiciones laborales precarias en el campo.
En la actualidad, afirman los trabajadores despedidos, las decisiones del Gobierno apuntan al desmantelamiento del RENATEA, al haberse producido el despidos de cientos de trabajadores en todo el país, y al haberse modificado las funciones de la institución, desde la asunción de la nueva gestión, en perjuicio de los objetivos por los que fuera creado.
En este marco, cabe recordar que el viernes ultimo, Jorge Peña, delegado de ATE en Jujuy del RENATEA, denunció precisamente, agresiones y amenazas de muerte de parte de Carlos Ucci, administrativo que fungía como subrogante del titular del Organismo, Rufino Mateo Rojo; según aseguraron los trabajadores. Por lo que desde Ate Jujuy, hacemos responsables a las autoridades provinciales y nacionales sobre la integridad física de los trabajadores despedidos que han decidido denunciar esta situación.
Funciones del RENATEA:
Los estatales del RENATEA se encargan de promocionar los derechos de la Ley 26.727, sobre registración, alfabetización, proyectos productivos, y capacitaciones destinadas a las trabajadoras y trabajadores agrarios y sus familias.
En Jujuy ya han sido desmanteladas Unidades Territoriales de El Carmen, San pedro de Jujuy, y Libertador Gral. San Martín, que implicaban la presencia del Organismo en el territorio y en todos los sectores productivos rurales de la provincia. Lo mismo sucedió con las guarderías para los hijos de los trabajadores, que albergaban y cuidaban a más de 280 niños y niñas de la zona de Perico. E igual destino han tenido las cooperativas formadas para proteger a las mujeres rurales víctima de la violencia de género en la provincia.
Según datos del propio Registro, desde 2013 al 2015, se fiscalizaron 1.780 establecimientos rurales, donde se desempeñan 154.000 trabajadores, y a 11.700 empleadores. En ese período, se realizaron más de 1.000 denuncias de trata, explotación laboral e infantil. Hoy, las inspecciones y detecciones de irregularidades, están totalmente paralizadas.
En nuestra provincia, con los despidos de la mitad de sus empleados, 60 mil trabajadores rurales quedan desamparados; en tanto ahora, serán los propios empleadores los que realizarán el registro, pero a través de sus distintas entidades patronales del sector rural.
San salvador de Jujuy 17 de agosto de 2016










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