El Gobierno de Jujuy, decidió no reconocer la importancia y función social que cumplen centenares de capacitadores en la enseñanza de oficios con salida laboral, para los sectores más vulnerables de la sociedad. Trabajo que se realizaban mediante la realización de talleres gratuitos destinados a la formación de artesanos, carpinteros, albañiles, soldadores, informáticos, gastronómicos, pasteleros, y pintores; entre otros. Así como también respecto de la contención social y educativa que brindaban, mediante las clases de apoyo y las prácticas deportivas que se destinaban a todos los escolares que la requerían.
Con estos despidos y persecución gremial a los trabajadores de ATE, el gobierno y la ministra Calsina, pretenden ocultar la hipocresía de las políticas públicas de empleo en la provincia, que se basan en la precariedad laboral de los capacitadores e instructores, al tratarse de una forma de contratación fraudulenta que lleva adelante el Estado provincial, al pretender pagar a los trabajadores como capacitadores, pero haciéndoles cumplir además funciones como administrativos, enfermeros, porteros, preceptores.
En tal sentido, ATE Jujuy no sólo continuará en la lucha por los derechos de los trabajadores mediante acciones gremiales, sino a través de la acción judicial, denunciando a los funcionarios y al Estado provincial por violar los derechos a la libertad sindical de los trabajadores, a la vez que la vulneración flagrante de un derecho humano fundamental como el derecho que tiene toda persona a no ser discriminados y a tener un trato igualitario.
Jujuy, 12 de Mayo de 2016
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