En una conferencia de prensa que se realizó luego de la presentación, una de las trabajadoras despedidas y delegada de ATE, Lucía Castro, explicó que “a un mes de los despidos arbitrarios en la SAF Jujuy, hemos presentado un amparo por discriminación, señalando claramente la persecución política y sindical”.
Además hizo responsables de la situación “principalmente a Hugo Cesar Sánchez, que es el delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar Jujuy, al Ingeniero Oscar Alloatti, Secretario de Agricultura Familiar de Nación y también hemos denunciado a Rubén Daza, director de Economía Popular de Jujuy, quienes armaron la lista negra para despedir a 16 trabajadores de un total de 53”.
Haciendo referencia a los despidos aclaró que fueron “sin ningún tipo de fundamento, sin auditoría, ni evaluación de desempeño, por eso consideramos que hay una clara persecución sindical y política y el amparo que presentamos es por discriminación”.
Despidos en el INADI
En la delegación del INADI Jujuy hubo 3 despidos, uno de los trabajadores cesanteados, Diego Martínez, expresó en la conferencia de prensa, que “hemos sido despedidos tres personas en el INADI, que cumplíamos funciones específicas, Asesoría Legal, Prensa y Capacitación”. Además hizo referencia a una reunión que mantuvieron los trabajadores, junto con miembros de ATE Jujuy, con la nueva delegada, la cual “ha informado que a ella le comunicaron los nuevos responsables, que solo van a trabajar con el personal administrativo, por eso queremos denunciar que hemos sido notificados a través de un email recibido en horario fuera del horario de trabajo, firmado por el director de recursos humanos del INADI, informando que se desconocían los decretos de designación de las tres personas que fuimos despedidos, dos cuentan con ocho años de antigüedad y yo que cuento con cinco años”.
“Queremos denunciar los modos y las formas que nos están comunicando que prescinden de nuestros trabajos, sin hacerlo de la manera que se tiene que hacer, con una notificación debida, que tienen que requerir la firma del Presidente de la Nación, y se tienen que refutar 180 días, y si no sucede eso existe una renovación automática, como venía funcionando en todo este tiempo”, expresó.
Por último argumentó que “lo que se quiere hacer, como ya pasó en otras reparticiones estatales, es desarticular la capacidad de movilización y de protesta, mediante las otras políticas que se están aplicando como la devaluación, la inflación y ciertas cuestiones de precarización. Por otro lado al ser explicito que el INADI solo funcionará con personal administrativo, se trata de achicar un organismo, que presta una función esencial en materia de derechos humanos, entonces me parece que viniendo del INADI entra en una paradoja, porque se está avasallando con nuestros derechos”.
Jujuy, 01 de Marzo de 2016